El papel de Elon Musk en el gobierno puede disminuir , pero sus empresas y aliados seguirán influyendo en cómo Washington, DC hace negocios con ellos.
Desde enero, más de tres docenas de empleados y asociados de Musk y sus colegas titanes tecnológicos Peter Thiel, Marc Andreessen y Palmer Luckey han sido elegidos para ocupar puestos en agencias federales críticas para sus negocios, según un análisis del Wall Street Journal.
Los roles los ubican en departamentos que supervisan, regulan y otorgan negocios a las empresas de los cuatro hombres, de acuerdo con nombramientos de personal, demandas, divulgaciones éticas y datos contractuales, creando una red de conflictos potenciales que los expertos en ética llaman sin precedentes.
El grupo incluye a empleados y ex empleados, así como abogados, inversores y asesores financieros de los ejecutivos tecnológicos. Constituyen la mayoría de las personas identificadas que trabajan para el Departamento de Eficiencia Gubernamental, el poderoso grupo de trabajo de reducción de costos creado para optimizar la burocracia federal, según el Journal. Otros han sido nombrados para puestos clave en el gobierno.
Empresas fundadas, propiedad de Musk, Thiel, Andreessen y Luckey, o en las que han invertido, han obtenido más de una docena de contratos federales por un total aproximado de 6 mil millones de dólares desde la investidura del presidente Trump , y buscan miles de millones más, según el Journal. Sus intereses comerciales suelen estar entrelazados: SpaceX, de Musk, recibió el respaldo del Founders Fund de Thiel y de a16z, de Andreessen; ambos fondos de capital riesgo también respaldaron a Anduril Industries, una startup de tecnología de defensa cofundada por Luckey.
Algunos de los nuevos contratos ya se estaban negociando antes de la elección de Trump, y las corporaciones estadounidenses llevan mucho tiempo colocando caras conocidas en los altos cargos del gobierno. Sin embargo, personas afiliadas a las firmas de Musk se han incorporado al gobierno federal a una escala mayor que cualquier otro grupo en la historia de las administraciones recientes, afirmó Richard Painter, exabogado jefe de ética de la Casa Blanca durante la administración de George W. Bush.
“Musk tiene más poder que los directores de la mayoría de las agencias gubernamentales, y no sabemos todo lo que hace”, dijo Painter. “Esta puerta giratoria de grandes contratistas de defensa dentro y fuera del gobierno al más alto nivel es un gran problema”.
Las empresas presentaron conjuntamente una propuesta multimillonaria para el programa de defensa contra misiles “Golden Dome” de la administración Trump, que están desarrollando funcionarios del Pentágono, según informó anteriormente el Journal.
En febrero, Anduril anunció que se haría cargo de un contrato del Ejército estadounidense de 2021 con Microsoft, por un valor de hasta 22 000 millones de dólares, para desarrollar gafas de realidad aumentada que conviertan a los soldados en superhéroes, según Luckey.
Hasta la fecha, Microsoft ha recibido 1400 millones de dólares de dicho contrato, según registros gubernamentales. Un portavoz del Ejército afirmó que el cambio fue una decisión comercial entre Microsoft y Anduril. En marzo, Trump nombró a un alto directivo de Anduril como subsecretario del Ejército.
En abril, SpaceX obtuvo 5.900 millones de dólares de un contrato multianual de 13.700 millones de dólares con la Fuerza Espacial de EE. UU. para lanzar misiones para el Pentágono. Un portavoz de SpaceX no respondió a preguntas sobre conflictos de intereses.
Su presidente declaró el año pasado que SpaceX consigue contratos ofreciendo precios más bajos que sus competidores.
Haciendo crecer un imperio
Los asociados de los ejecutivos trabajan en agencias que otorgaron a sus empresas casi 24 mil millones de dólares en contratos entre 2010 y 2024.
La mayor parte del dinero se ha destinado a SpaceX, cuyo principal cliente gubernamental es la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA). Trump nombró a Jared Isaacman, multimillonario inversor de SpaceX y astronauta, para dirigir la NASA después de que Musk lo contratara a finales del año pasado.
Aunque Isaacman vendió sus participaciones directas en SpaceX , conserva una participación financiera indirecta a través de una empresa de pagos que fundó, según las declaraciones éticas y los documentos presentados ante la SEC. Durante su audiencia de confirmación, Isaacman negó que Musk y sus empresas pudieran influir en las decisiones de contratación, afirmando: «La NASA es el cliente. Ellos trabajan para nosotros, no al revés». Está a la espera de la confirmación del Senado.
Los empleados de SpaceX también trabajan en agencias que podrían generar nuevos negocios. En febrero, el ingeniero sénior de SpaceX, Theodore Malaska, recibió una exención ética que le permitió aceptar un trabajo temporal en la Administración Federal de Aviación (FAA) mientras continuaba trabajando en la empresa.
Si bien SpaceX no tiene contratos conocidos con la agencia, Malaska declaró en X que la FAA estaba utilizando Starlink de SpaceX para modernizar un sistema de observación meteorológica en Alaska. SpaceX promovió la colaboración con la FAA para probar Starlink, pero afirmó que no se intentó asumir ningún contrato existente. La FAA supervisa SpaceX y sus lanzamientos espaciales comerciales.
Dentro de los organismos de control
La influencia potencial de los líderes tecnológicos surge tras importantes donaciones a grupos afiliados a la campaña de reelección de Trump. Musk donó 250 millones de dólares en 2024; Luckey y Andreessen sumaron otros 4 millones de dólares en conjunto, según una revisión de los registros de financiación de campañas realizada por el Journal. (Thiel donó 1,25 millones de dólares en 2016).
Tras la investidura, Trump encargó a Musk y a DOGE recortar unos 2 billones de dólares del gasto federal. Si bien la iniciativa ha tenido dificultades para cumplir sus objetivos de reducción de costos, según informes del Journal , ha recortado personal en las agencias que regulan las empresas de los ejecutivos tecnológicos.
La administración Trump despidió al 4% de los empleados de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) en febrero. Los recortes afectaron a aproximadamente la mitad de la unidad de seguridad de vehículos autónomos de la agencia, según personas familiarizadas con el asunto. La NHTSA ha liderado varias investigaciones sobre el Tesla de Musk , incluyendo una iniciada a finales del año pasado.
Musk solicitó el desmantelamiento de la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor a finales del año pasado, y al menos tres empleados de DOGE que trabajaban para Musk fueron asignados a la agencia en febrero. En enero, X anunció que ofrecería servicios financieros, lo que la colocaría bajo la supervisión regulatoria de la CFPB.
Semanas después, la administración Trump despidió al 10% de la agencia.
Posteriormente, un tribunal ordenó al gobierno que reincorporara a algunos trabajadores, aunque desde entonces la administración Trump ha tomado medidas para recortar casi todos los empleados de la agencia.
La CFPB no respondió a preguntas sobre los recortes. La prioridad del secretario de Transporte, Sean Duffy, es la seguridad, según declaró un portavoz del Departamento de Transporte. Un portavoz de la Casa Blanca afirmó que los miembros de DOGE cumplen plenamente con todos los requisitos éticos de la agencia a la que sirven.
Podrían estar en el horizonte cambios de política más importantes que podrían beneficiar a las empresas de los magnates tecnológicos.
En marzo, un exempleado de Thiel fue confirmado por el Senado para ayudar a liderar la política tecnológica del gobierno estadounidense. Se espera que Michael Kratsios coordine las agencias en torno a las iniciativas de inteligencia artificial, un área en la que Musk y sus aliados tienen una fuerte inversión. En un discurso pronunciado en abril, abogó por un “régimen regulatorio que favorezca la innovación”.
“Tenemos que liberarnos del peso de las malas regulaciones que lastran a nuestros innovadores”, dijo. “Ha llegado el momento de revisar las normas vigentes y preguntarnos a quién protegen realmente y cuánto cuestan”. No respondió a la solicitud de comentarios del Journal.
