La tercera ciudad más grande del país se prepara para la segunda visita de Donald Trump a la Casa Blanca desde noviembre. El ajuste de cuentas llega pronto, con la promesa del gobierno entrante de realizar redadas migratorias en cualquier momento.
El presidente electo ha pintado durante mucho tiempo muchas de las ciudades demócratas más grandes del país como paisajes infernales, condenando lo que describe como anarquía, debilidad entre quienes las dirigen y un santuario injusto para quienes no están legalmente en los Estados Unidos.
Sus críticas a Chicago han sido particularmente agudas y comenzaron incluso antes de que ingresara por primera vez a la Casa Blanca en 2017. Por eso, no sorprende que el equipo de Trump haya señalado que la ciudad podría ser el escenario de las dramáticas acciones iniciales de su segundo mandato.
Después de que The Wall Street Journal informara sobre el plan el viernes, los funcionarios dijeron durante el fin de semana que podrían ajustar los plazos y los objetivos de la ciudad para proteger el elemento sorpresa en su esfuerzo por detener a inmigrantes con antecedentes penales.
Tom Homan, el zar fronterizo de Trump, dijo en “Fox News Sunday” que la administración entrante estaba evaluando cuándo y cómo se llevarían a cabo las acciones debido a la preocupación por la seguridad de los oficiales.
Se están considerando redadas en varias otras ciudades importantes durante los primeros días de la nueva administración, según informaron personas familiarizadas con los planes. Además de Chicago, otros posibles objetivos incluyen Boston, Washington D. C., Miami, Los Ángeles, Denver, Nueva York y San Antonio. La magnitud total de la redada aún no se conoce.
Chicago, un crisol de inmigrantes desde hace mucho tiempo, se declaró ciudad santuario en 1985, lo que impulsó al gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, a enviar migrantes para compartir la carga de una frontera prácticamente abierta. También los ha enviado en autobuses y aviones a otras ciudades lideradas por alcaldes demócratas.
Un intento de suavizar la ordenanza de santuario de Chicago fracasó el miércoles por 39 votos a favor y 11 en contra en una votación del ayuntamiento. El alcalde Brandon Johnson , un progresista crítico de Trump, se opuso a una propuesta que habría permitido a la policía colaborar con agencias federales en casos de deportación de personas acusadas o condenadas por actividades de pandillas, delitos de drogas, tráfico sexual o delitos sexuales con menores.
Silvana Tabares, concejala que se describe como mexicoamericana y demócrata moderada, se encontraba entre quienes votaron en minoría. Su distrito, de mayoría hispana, le dio a Trump el 41% de los votos en noviembre.
Muchos de sus electores quieren ayuda para expulsar a los delincuentes de sus barrios, siempre y cuando no afecte a los inmigrantes respetuosos de la ley. “No deberíamos atacar a los inmigrantes trabajadores que han perseguido el sueño americano con ahínco”, dijo.
Los funcionarios de la ciudad están trabajando duro para preparar a los inmigrantes, dijo Tabares, lo que incluye la celebración de seminarios de fin de semana para “conocer sus derechos”.
Layda Ciel, una mujer de 51 años que llegó de Venezuela hace siete años y ahora trabaja en uno de los albergues de la ciudad para migrantes, dijo que ella y muchos recién llegados “están de acuerdo en que deben deportar a las personas con antecedentes penales”.
Cuando el viernes por la noche se conoció la noticia de que Chicago podría ser un objetivo, la oficina del alcalde envió un correo electrónico a los miembros del consejo municipal para proporcionar información en inglés y español.
El paquete incluía información sobre los próximos talleres, así como directrices para las visitas de agencias federales a propiedades municipales. El documento, en esencia, sugiere maneras de resistirse legalmente, incluyendo negar el consentimiento a la entrada de agentes a cualquier lugar privado o ‘sensible’ de la ciudad, exigir la identificación y el nombre del agente supervisor, y solicitar una orden judicial.
La oficina del alcalde se negó a poner a Johnson a disposición el sábado para una entrevista, pero Beatriz Ponce de León, vicealcaldesa de derechos de inmigrantes, migrantes y refugiados, dijo que la ciudad estaba trabajando arduamente para informar a los inmigrantes sobre sus derechos.
“Esto no es Chicago contra el gobierno federal, pero vamos a seguir las leyes de nuestra ciudad, estado y gobierno federal”, dijo, y agregó que sabe que algunas familias están “luchando” con si llevar a los niños a la escuela o ir a trabajar esta semana.
“Probablemente veremos un impacto en los espacios públicos, en términos de ir al trabajo y a la escuela”, dijo.
El gobernador demócrata de Illinois, J. B. Pritzker , posible candidato presidencial para 2028, no estuvo disponible para una entrevista. Sin embargo, el sábado publicó en redes sociales su apoyo a los inmigrantes.
“Todos los residentes de Illinois deben conocer sus derechos”, escribió . “Tengo la intención de protegerlos y asegurar que se cumplan las leyes estatales”.
Durante su primera presidencia, Trump criticó al entonces alcalde Rahm Emanuel por no ayudar a los agentes federales a aplicar las leyes de inmigración. “Si quieren detener esta locura de las ciudades santuario, donde se protege a los criminales, miren a Chicago”, dijo en 2018. “Es como una zona de guerra. Esto es lo que hacen esas políticas”.
En los últimos meses, defensores de los inmigrantes han estado visitando puerta por puerta y en iglesias para asegurar que los migrantes conozcan sus derechos, afirmó Brandon Lee, director de comunicaciones de la Coalición de Illinois por los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados. Su grupo también ha ayudado a establecer equipos de respuesta rápida en Illinois para ofrecer apoyo legal.
“Toda persona que se encuentra en Estados Unidos sin autorización corre el riesgo de ser deportada”, dijo Eréndira Rendón, vicepresidenta de justicia migratoria del Proyecto Resurrección, una organización sin fines de lucro de Chicago. “No existe ninguna ley que diga que si nunca has cometido un delito, no te deportarán. Eso simplemente no es así”.
Una ley estatal de Illinois, aprobada en 2021, impide que las cárceles de los condados alberguen a detenidos por inmigración, y el estado es uno de los pocos que carece de centros federales de detención migratoria . Los más cercanos están al menos a tres horas de Chicago, en Michigan e Indiana. La mayor parte de la asistencia legal solo se puede obtener después de un arresto, y grupos como el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes, con sede en Chicago, están reorganizando a su personal para que esté listo para desplazarse a esas instalaciones, si es necesario. Los defensores de los inmigrantes se preocupan principalmente por las personas que no tienen órdenes de deportación y que son detenidas en arrestos masivos, dijo Keren Zwick, directora de litigios de la organización.
Es probable que los agentes de inmigración ya hayan obtenido órdenes de arresto para las personas en cuestión en Chicago, lo que les daría derecho a realizar arrestos o registros, independientemente de si el residente abre la puerta o no. Los agentes deberían tomar medidas adicionales si detienen a alguien sin una orden judicial, pero históricamente no lo han hecho en grandes redadas de inmigración, dijo Zwick.
“¿Cómo se puede aconsejar a la gente que no abra la puerta si entran con armas? Es un riesgo muy real”, dijo Zwick. “Tienen derechos, pero esos derechos no sirven de mucho si hay que defenderlos desde dentro de un centro de detención”.
Ante la creciente preocupación, algunos migrantes han abandonado la ciudad. Los empleadores temen perder empleados y las escuelas han intentado asegurar a los padres que sus hijos inmigrantes estarán a salvo.
El viernes, los funcionarios de las Escuelas Públicas de Chicago enviaron un correo electrónico a los padres para informarles que el distrito estaba “comprometido a proteger el derecho de todos los estudiantes a una educación pública gratuita, independientemente de su estatus migratorio o el de su familia”. El correo electrónico también indicaba que el distrito no solicitaría información sobre el estatus migratorio de las familias ni coordinaría con las autoridades federales de inmigración.
Más de 51.000 migrantes han llegado a Chicago desde 2022, muchos de ellos venezolanos que huyen de la pobreza y la violencia, según registros municipales. Su llegada ha hecho que Chicago comprenda los costos de la inmigración explosiva. Durante un tiempo, sin ningún otro lugar donde alojarlos, muchos durmieron durante semanas en el suelo de las comisarías locales.
En estos días, los hijos de los recién llegados se sientan solos en las aceras vendiendo dulces, mientras los hombres se reúnen afuera de las tiendas de mejoras para el hogar buscando trabajo.
La política desmedida de la ciudad chocó rápidamente con la realidad de los recursos limitados, lo que desencadenó disputas internas entre los demócratas de Chicago, quienes han pedido a la administración Biden que invierta más en la reubicación de migrantes y tenga un papel más importante en su destino. Los contribuyentes de la ciudad gastaron $262 millones desde agosto de 2022 hasta el mes pasado en la atención a los migrantes, según los registros , además de $368 millones en subvenciones estatales y federales.
David González, quien visitó un albergue para migrantes aquí el sábado por la tarde, dijo que llegó a Estados Unidos desde Venezuela el año pasado. “Qué vergüenza”, dijo sobre la amenaza de Trump. “Vinimos aquí a trabajar. Es todo lo que queremos hacer”.
Mientras Chicago se prepara para las redadas, los defensores de la inmigración en otras ciudades están haciendo lo mismo.
Edward J. Cuccia, abogado de inmigración de Nueva York, comentó que ha estado recibiendo llamadas de clientes en pánico. Ha aconsejado a los inmigrantes que tengan cuidado al abrir sus puertas y que no respondan si los agentes de aduanas llaman sin orden judicial.
Aunque es posible que se intensifique la aplicación de la ley en Chicago, Cuccia prevé que las autoridades se trasladarán rápidamente a Nueva York. “Simplemente no sabemos cómo se va a implementar. Podría haber redadas en fábricas, restaurantes, supermercados, en cualquier lugar donde haya un grupo grande de trabajadores”, dijo. “Va a ser bastante alarmante”.
