Las políticas de ciudad santuario de la ciudad de Nueva York son inconstitucionales y limitan la cooperación de la policía local y los funcionarios penitenciarios con la aplicación de las leyes federales de inmigración, dijo el Departamento de Justicia en una demanda federal el jueves.
La demanda, presentada en un tribunal federal en Brooklyn, enumera varias políticas locales que, según el Departamento de Justicia, violan la autoridad del gobierno federal para regular la inmigración.
El gobierno federal dijo que quiere tener acceso a información sobre los inmigrantes detenidos en Nueva York que están en el país ilegalmente, incluidas las fechas de liberación, las fechas de comparecencia ante el tribunal y el estado de custodia.
La demanda es la última medida de la administración Trump en su campaña para presionar a las ciudades lideradas por los demócratas para que le ayuden a lograr sus ambiciosos objetivos de deportación. El gobierno envió marines y la Guardia Nacional a Los Ángeles el mes pasado después de que la ciudad estallara en protestas contra las redadas de ICE.
La demanda argumentó que los inmigrantes criminales deberían ser transferidos directamente a la custodia federal por la policía local, eliminando la necesidad de redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en la ciudad de Nueva York.
Según las leyes santuario de la Ciudad de Nueva York, los empleados municipales tienen prohibido compartir la información de identificación de los migrantes con las autoridades de inmigración, y los agentes del ICE no pueden entrar en albergues ni centros de asilo sin una orden judicial. El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y el Departamento de Correccionales solo están autorizados a detener a algunos delincuentes violentos y a personas incluidas en la lista federal de vigilancia por terrorismo para su futura deportación.
El alcalde Eric Adams , la presidenta del Concejo Municipal, Adrienne Adams, y otros funcionarios y agencias municipales, incluido el Departamento de Policía de Nueva York, están acusados. La demanda los acusa de sabotear intencionalmente la aplicación de la ley federal de inmigración al liberar a delincuentes en lugar de retenerlos para su deportación.
Adams, quien actualmente busca la reelección, fue acusado penalmente en 2024 de soborno, fraude y solicitud de contribuciones por parte de un extranjero. Adams negó las acusaciones y los cargos se retiraron en abril durante la administración Trump. El Departamento de Justicia declaró entonces que buscaba retirar los cargos porque el caso tenía motivaciones políticas y le impedía colaborar con la administración Trump en la represión de la inmigración ilegal.
El jueves, la oficina del alcalde dijo que Adams generalmente apoya “la esencia de” las leyes y políticas santuario de la ciudad de Nueva York.
“Pero también ha sido claro: se exceden al lidiar con esos delincuentes violentos en nuestras calles”, declaró su oficina. Adams ha instado al Ayuntamiento a revisar sus políticas de santuario para cooperar mejor con los funcionarios federales, según una portavoz. Adams y el Ayuntamiento han estado enfrentados durante meses por su plan estancado de reabrir una oficina de ICE en Rikers Island, sede del complejo carcelario de la ciudad.
La demanda del jueves también se produce en medio de una mayor tensión entre funcionarios federales y locales por el reciente tiroteo de un agente de Aduanas y Protección Fronteriza fuera de servicio en la ciudad de Nueva York.
El agente resultó herido en un intento de robo por parte de dos inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos sin autorización, según informaron las autoridades federales. Uno de ellos fue arrestado en abril de 2024 por presunto hurto, según la demanda. El Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York ignoró la solicitud de las autoridades federales de inmigración de retener al migrante tras su arresto y, en su lugar, lo liberó, según la demanda.
El Fiscal de Estados Unidos en Manhattan presentó cargos federales contra los hombres el jueves. Miguel Francisco Mora Núñez, de 21 años, fue acusado de posesión de municiones por parte de un inmigrante indocumentado, y Christhian Aybar-Berroa, de 22 años, fue acusado de complicidad.
“Si no fuera por las políticas de santuario de la ciudad de Nueva York, esta tragedia podría haberse evitado”, afirma la demanda.
La administración Trump ha presentado demandas similares contra jurisdicciones santuario en los últimos meses contra el estado de Nueva York, la ciudad de Rochester, varias ciudades de Nueva Jersey, Los Ángeles, Colorado e Illinois.
