Un panel de jueces federales impidió el miércoles que el presidente Trump impusiera algunos de sus aranceles más elevados a China y otros socios comerciales de Estados Unidos, al considerar que la ley federal no le otorgaba “autoridad ilimitada” para gravar las importaciones de casi todos los países del mundo.
El fallo del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos representó un revés temprano pero significativo para Trump, socavando su principal influencia mientras busca presionar a otras naciones para que alcancen acuerdos comerciales más beneficiosos para Estados Unidos.
Antes de que Trump asumiera el cargo, ningún presidente había intentado invocar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, una ley de 1977, para imponer aranceles a otros países. La ley, que se refiere principalmente a embargos y sanciones comerciales, ni siquiera menciona los aranceles.
Pero el Sr. Trump adoptó una interpretación novedosa de sus poderes al anunciar, y luego suspender, la imposición de altos gravámenes a decenas de países en abril. También utilizó la ley para imponer aranceles a productos de Canadá y México a cambio de lo que, según él, era su papel en el envío de fentanilo a Estados Unidos.
El miércoles, el Tribunal de Comercio Internacional, el principal órgano legal federal que supervisa estos asuntos, determinó que los aranceles de Trump “exceden cualquier autoridad otorgada” al presidente por la ley de poderes de emergencia. Al fallar en casos separados presentados por estados y empresas, un panel bipartidista de tres jueces declaró, en esencia, que muchos, pero no todos, los aranceles de Trump se habían impuesto ilegalmente.
No estaba claro con precisión cuándo ni cómo se detendría la recaudación de aranceles. El fallo otorgó al poder ejecutivo hasta 10 días para completar el proceso burocrático necesario para su eliminación. La administración Trump presentó de inmediato sus planes de apelación ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal de Estados Unidos.
Por ahora, la decisión amenaza con socavar los esfuerzos de la administración por alcanzar acuerdos comerciales a nivel mundial, ya que el presidente está utilizando la posibilidad de aranceles ilimitados —aprobados por su propia iniciativa, sin la aprobación del Congreso— como moneda de cambio en las negociaciones con aproximadamente 18 países. Dichos acuerdos aún se están negociando, y algunos de los principales asesores de Trump habían declarado ante el tribunal en los últimos días que un fallo adverso podría poner en peligro las conversaciones.
El fallo no afecta los aranceles emitidos por la administración Trump bajo autoridades legales separadas, incluidos los gravámenes al acero, al aluminio y a los automóviles, y otros que Trump ha amenazado con imponer a productos farmacéuticos, semiconductores y otros productos críticos.
Un portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, reprendió duramente al tribunal, diciendo en una declaración que las relaciones comerciales injustas habían “diezmado las comunidades estadounidenses, dejado atrás a nuestros trabajadores y debilitado nuestra base industrial de defensa, hechos que el tribunal no cuestionó”.
“No les corresponde a jueces no electos decidir cómo abordar adecuadamente una emergencia nacional”, dijo, y agregó que Trump usaría “todos los recursos del poder ejecutivo para abordar esta crisis”.
Everett Eissenstat, socio del bufete de abogados Squire Patton Boggs, quien se desempeñó como subdirector del Consejo Económico Nacional durante el primer mandato de Trump, dijo que la decisión “afecta dramáticamente la dinámica a corto plazo en torno a la agenda arancelaria y comercial del presidente”.
“La historia está lejos de terminar, pero hoy se marca un capítulo significativo en su evolución”, añadió el Sr. Eissenstat.
Los abogados del Departamento de Justicia habían defendido firmemente la legalidad de la estrategia de Trump, diciéndole repetidamente al Tribunal de Comercio Internacional que no tenía derecho a revisar las acciones del presidente.
